Los siete imputados fueron llevados a los tribunales, ayer en la tarde, sin ser esposados; ingresaron por el sótano, sin ser expuestos a la prensa y fueron llevados a la sala 4-B donde fueron intimados. / Wilson Urbina
La Fiscalía General de la República pidió ayer al Juzgado 4o. de Paz de San Salvador que el expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus allegados, sigan en detención provisional por cuatro delitos que supuestamente cometieron entre los años 2004 y 2010; las agrupaciones ilícitas se las atribuyen a todos.
El delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado) es promovido contra Jorge Alberto Herrera Castellanos, Elías Antonio Saca, Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, los últimos cuatro también enfrentan lavado de dinero y activos.
En el caso de Julio Rank y César Funes, además de las agrupaciones ilícitas, el Ministerio Público les acumula casos especiales de lavado de dinero y activos.
La representación fiscal puso a la orden del tribunal 21 cajas que contienen las piezas del proceso donde se incorpora la evidencia documental que instituciones como el Ministerio de Hacienda, Casa Presidencial y bancos del sistema financiero entregaron a la Fiscalía en la etapa de investigación.
El fiscal del caso sostuvo que los $246 millones que supuestamente Saca y los demás imputados desviaron hacia cuentas particulares de ellos, no son de la partida secreta, sino de un fondo que se llama cuenta subsidiaria especial del Tesoro Público que la tienen todas las instituciones del Estado.
Esa cuenta subsidiaria es donde se depositan los fondos que el Estado le aprueba a cada una de las entidades estatales, que se manejan con fondos públicos para que lo utilicen mensualmente, cada vez que se vaya ejecutando el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa.
“No es una cuenta de caja chica, sino que es donde se van trasladando de manera provisional los fondos que, posteriormente, deben de ser trasladados a otras cuentas ya sea para realizar la gestión de cada una de las instituciones estatales”, explicó uno de los fiscales del caso.
De los $246 millones que se desviaron desde el Tesoro Público de Casa Presidencial, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y el Grupo Contra la Impunidad (GCI) rastreó y pudo seguir la ruta de $116 millones mediante análisis financieros y auxilios que pidieron a las instituciones bancarias donde los imputados tuvieron productos financieros, de esa forma ubicaron el origen y destino de esos fondos.
Cuando los $246 millones se trasladaron a las 14 cuentas particulares se violó la Ley Orgánica de Administración Financiera, ya que, para poder trasladar fondos a cuentas bancarias corrientes, esta normativa establece en su reglamento que se debe solicitar autorización a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda y justificarse ese traslado.
“Estos eventos se realizaron entre los años 2004 y 2009, incluso algunos eventos suceden en el 2010 cuando ya había salido el señor Saca”, agregó el fiscal, con esa información proporcionada el Ministerio Público establece que aún y con la salida de la presencia de Saca, los fondos se siguieron trasfiriendo a las cuentas particulares durante el inicio del mandato de Mauricio Funes.
Para mañana, jueves, los siete imputados enfrentarán audiencia inicial en el juzgado cuarto de paz, donde la defensa y fiscalía presentarán pruebas.
Jueza sin cuestionamientos
El inicio del proceso penal contra los siete imputados estará a cargo de la jueza 4o. de Paz, Nelly Pozas, una funcionaria judicial que no tiene cuestionamientos por haber emitido resoluciones polémicas.
El 22 de septiembre del año 2014, Pozas decretó detención provisional al exdiputado Wilver Rivera Monge, por los delitos de lavado de dinero y de activos, y agrupaciones ilícitas a pesar que el exlegislador le suplicó llorando que no lo dejara detenido.
246 millones desviados
De la cuenta del Tesoro Público a cuentas privadas entre el 2004 y 2009; según el fiscal del caso hay transacciones en 2010.
Un resumen de los sucesos en los últimos tres días
30/10/2016
PNC captura a expresidente Antonio Saca, César Funes y Julio Rank en la boda del hijo del exmandatario, cerca de la 1:30 de la madrugada. En la mañana se entregó Élmer Charlaix. La PNC también capturó a otros tres empleados de Capres.
31/10/2016
El Fiscal General, Douglas Meléndez, señala a Saca de desviar $246 millones de la cuenta del Tesoro Público hacia cuentas privadas. De este dinero, $116 millones fueron cobrados en efectivo y $6 millones fueron lavados.
31/10/2016
Ese mismo día, la Fiscalía allanó el autolote del primo del expresidente Saca, Herbert Saca, y decomisó contratos de ventas
y compras de autos. Herbert Saca aparece en los informes de probidad de Mauricio Funes, Leonel Flores y Élmer Charlaix.
1/11/2016
La Fiscalía allanó el Grupo Samix, Radio Dial, en Usulután y la exresidencia del presidente Saca en Cantón El Carmen, San Salvador, donde funciona la empresa Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.
1/11/2016
La Fiscalía acusó formalmente a Saca, Charlaix, Rank, Funes, Gómez, Rodríguez y Herrera. Juzgado programó audiencia para jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana.